La nueva Ley 7/2021 sobre el cambio climático y la transición energética nos presenta unas cuantas novedades. La gran contaminación que ya tienen muchos municipios ha hecho necesario que el estado intervenga. Así, esta ley establece que aquellos municipios con más de 50.000 habitantes están obligados a adoptar medidas específicas. Estas medidas van desde la mejora en la movilidad a la reducción de emisiones de carbono. Para ello, la ley exige actuaciones.
En primer lugar, los municipios afectados y los territorios insulares tendrán que establecer lo que se conoce como zonas de bajas emisiones. La ley establece como límite el año 2023. Pero, ¿qué son las zonas de bajas emisiones?
De acuerdo a Ecologistas en Acción, estas zonas son áreas donde los vehículos tienen acceso restringido. Tienen como fin mejorar la calidad del aire y suelen encontrarse en zonas urbanas. Lo normal es que sean lugares dentro de grandes ciudades que cuenten con restricciones específicas. Estas zonas, que actualmente son obligatorias en grandes ciudades como el centro de Madrid, pasarán a ser obligatorias para otros municipios de esta misma provincia.
En un acuerdo sin precedentes, los partidos políticos del país se ponen de acuerdo para aprobar estos planes de movilidad sostenible. Sólo en la provincia de Madrid, la medida afectará a casi 150 municipios.
¿Qué incluye exactamente esta ley?
Además de imponer nuevas restricciones a la movilidad de los municipios, la ley incluye prohibiciones a la explotación del uranio. Así, las empresas que quieran extraer combustibles están ahora obligadas a buscar otras alternativas. De acuerdo a estas nuevas modificaciones en la Ley contra la contaminación de espacios urbanos, al menos 148 municipios en la provincia de Madrid se verán afectados por estas restricciones. Esto son unos 24 millones de habitantes queestarán afectados y que tendrán que buscar alternativas a los vehículos tradicionales. El coche y la moto pasarán a ser medios prohibidos durante zonas y días específicos. Se espera que las alternativas de transporte público se vean impulsadas para compensar estas medidas. El autobús, el tren y la bicicleta pasarán a ser los medios habituales y más demandados.
A pesar de todo, estas decisiones son imprescindibles si queremos mejorar la salud de la población. Nuestro bienestar pasa por conseguir un aire menos contaminado en aquellas ciudades con peor sostenibilidad.
Otra de las medidas que incluye la ley es la creación de los conocidos Corredores verdes. Se trata de caminos que unen el centro urbano de estos grandes municipios con las zonas limítrofes. Estos caminos tienen la intención de impulsar la movilidad a pie de la población, de forma que se producen reducciones en la contaminación por ambas actuaciones. Por un lado, por la mayor reducción en las emisiones de los vehículos, y por otro, por el fomento de la movilidad peatonal.
Estas medidas también hacen hincapié en los espacios de contaminación dentro de estos núcleos que afectan directamente a centros educativos o sanitarios. Cuando las emisiones son mayores y se realizan cerca de colegios u hospitales, la ley establece que tendrán que fomentarse medidas de transporte público.
La innovación en los transportes públicos
Al tiempo que la ley pretende que se incremente el uso del transporte público, pretende mejorar su mecanismo de funcionamiento. Los autobuses y los trenes pasarán a desarrollarse, en la medida de lo posible, hacia mecanismos que sean generados por electricidad en lugar de por combustible. Es decir, se busca una modernización de los combustibles tradicionales en aras de conseguir paulatinamente una erradicación completa de las emisiones de carbono por parte de los transporte públicos.
Otra medida que incluye la nueva modificación establece la actualización del transporte de mercancías, impulsando también para ello los transportes que usen medios eléctricos para funcionar. No sólo eso, sino que se busca que antes de 2023 se incluyan medidas de transporte aéreo para el propio transporte de combustibles con el fin de que este sector comience a contar con nuevas alternativas.
El Madrid Central
Así se ha denominado a la zona de más de 148 municipios que van a verse afectados por la nueva modificación de la ley.
Estas ciudades, que cuentan con más de 50.000 habitantes, son también las responsables de que Madrid sea una de las provincias más contaminantes de España. Por ello, tendrán que adaptar su medio de funcionamiento y hacerse cargo del factor proporcional contaminante que se les atribuye. No sólo tendrán que introducir restricciones a la movilidad, sino que también deberán crear zonas de transporte peatonal entre el núcleo y sus límites, invertir en medios eléctricos de transporte público y conseguir que las empresas de transporte se unan a estas medidas. Si las empresas se verán obligadas o no es algo que todavía está por ver. Algunas empresas y entidades privadas consideran poco realistas estas medidas contra el cambio climático y creen que 2023 llegará demasiado pronto.
En resumen, podemos decir que el COVID-19 ha traído un impulso a la reducción de las emisiones de carbono a nivel internacional que muchos países están tratando de mantener. Las prohibiciones a la movilidad debido al contagio por la enfermedad han llevado a grandes reducciones en la contaminación, y no son pocos los estados que pretenden continuar de esta forma. Por ello, las medidas que se implantan en la nueva Ley contra el cambio climático no son una sorpresa, y a pesar de que ha llevado tiempo que lleguen a aprobarse parece que, por una vez, han llegado para quedarse.
