Su eliminación y la reducción de las de gasóleo ahorrarán 90 toneladas de óxido de nitrógeno hasta 2023
Las calderas de carbón no se podrán utilizar en Madrid a partir de mañana 1 de enero de 2022. Las prohíbe la Ordenanza de Calidad del Aire y Sostenibilidad, aprobada en el Pleno municipal el pasado 30 de marzo. Esta normativa regula el uso de combustibles y establece que, para la mejora de la calidad del aire y por razones de eficiencia energética, no se podrán utilizar combustibles sólidos de origen fósil en las instalaciones térmicas de los edificios.
Esta prohibición de las calderas de gasóleo obliga a una transición energética hacia climatizaciones eficientes de bajas emisiones. Para facilitarla el Ayuntamiento puso en marcha en 2020 una línea de ayudas para sustituir calderas. El año pasado se atendió a más de 3.100 familias y se redujo su factura de calefacción, ya que las nuevas instalaciones consumen, al menos, un 20 % menos.
Este programa contó en 2020 con una reserva de 12,5 millones de euros para renovar los sistemas de climatización. Este año se ha incrementado la cuantía hasta los 13,3 millones de euros. En la primera convocatoria se otorgaron 93 subvenciones y en 2021, los vecinos han solicitado 132 ayudas para eliminar sus calderas de carbón. También se han otorgado 97 para sustituir las de gasóleo y 28 para cambiar hacia otros sistemas de climatización.
El año que viene estas subvenciones se mantendrán para acelerar el cambio hacia sistemas de climatización eficientes. Se contempla un presupuesto de 4,5 millones de euros para el ejercicio 2022.
Menos calderas de carbón, menos NOx
La completa eliminación de las calderas de carbón y la reducción de las de gasóleo hasta la mitad en 2027 rebajarán los óxidos de nitrógeno (NOx) hasta el año 2023 en 90 toneladas anuales, según los cálculos por la Universidad Politécnica de Madrid.
Al margen de estas ayudas, Madrid ha lanzado en este ejercicio 2021 otras cinco líneas dentro del programa “Cambia 360”. Se trata de las subvenciones para la renovación de vehículos particulares (5,5 millones de euros), la de vehículos de distribución urbana de mercancías (2 millones) y la reserva para la adquisición de vehículos para la micromovilidad, (500.000 euros). Las otras dos líneas son las dirigidas a comunidades de propietarios y oficinas para infraestructuras de recarga eléctrica (2 millones de euros), y las subvenciones para el cambio de flotas y ayudas directas para el sector del taxi (11,3 millones entre 2020 y 2021).
