Tramitará la primera ley gallega del clima
Galicia impulsará una alianza por el clima. Así lo ha asegurado recientemente la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que ha trasladado la intención de su departamento de dar «un paso más» para solucionar el problema del cambio climático. En este sentido Galicia camina en el sentido correcto. Y es que la estrategia gallega 2030 se proponía la reducción de emisiones en un 24,6 por ciento y ya se ha logrado un 23,8 por ciento. Galicia se plantea ya reformular los objetivos para hacerlos más ambiciosos de cara a 2050.
Esta alianza por el clima tiene como primer paso disponer un documento de compromiso de adhesión que, según avanzó, estará listo el primer trimestre. Está pensada como una red de organizaciones para impulsar la economía circular y mejorar el medio ambiente. Dará a conocer fórmulas de producción que ayuden a desvincular el crecimiento económico y la degradación ambiental. La alianza incluirá, además, la apertura de una oficina técnica y un premio a las mejores prácticas medioambientales.
Galicia impulsará una alianza por el clima que reunirá empresas, asociaciones profesionales y organizaciones sindicales, así como ONG ambientales, entidades de la sociedad civil y administración públicas. Serán organizaciones que quieran asumir un compromiso en la mejora del medio ambiente, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030.
Ley gallega del clima
Por otro lado la próxima semana comenzará la tramitación de la primera ley del Clima, que reconocerá el clima de Galicia «como sujeto de derecho». Sus objetivos serán la neutralidad climática en 2050, el despliegue de renovables, el desarrollo de la movilidad sostenible, y el reequilibrio y revalorización de ecosistemas. La ley garantizará una transición energética “ordenada y justa”.
La normativa estará marcada en los objetivos de la Agenda 2030 y tendrá como base la estrategia gallega de cambio climático y energía 2050. Además, se asumirán las actuaciones que impulsen en 2030 la reducción de un 55% de las emisiones en la Unión Europea, con respecto a 1990.
